Resumiendo lo que decíamos ayer: las leyes dicen que en los contratos, también en los conciertos sanitarios, tiene que constar un precio cierto, que antes de hacerse un contrato se tiene que determinar el importe máximo a gastar y que los gastos del presupuesto son un máximo que los representantes de los ciudadanos (Cortes regionales) autorizan a la administración a gastar.
Ya se ha dicho
que el zarampo cree que las leyes y otras normas están para preservar el bien
común, pues bien, el zarampo estaría completamente en desacuerdo, si se
enterara de ello, con que hubiera algún concierto sanitario que sin un
precio cierto ni un importe máximo a gastar. Si se enterara de que eso está
pasando lo pondría en conocimiento de sus superiores y haría lo posible para
que eso no volviera a pasar, se supone que es su misión como funcionario
público: cumplir y hacer cumplir las leyes y demás normas, entiende que para
eso es para lo que le pagan los ciudadanos a través de la administración.
(donde dicen las malas lenguas que tiene intereses el maridín de la Mari
Caspa), ni con ninguna otra empresa en que no se dijera hasta cuánto está
dispuesta a gastar la administración, de los impuestos que tanto nos cuesta
aportar, en ese contrato. Está de acuerdo en que decidir quién necesita,
digamos una prótesis de cadera, tiene que ser un médico pero no está de acuerdo
en que sean los gerifaltes de los hospitales exclusivamente los que decidan
cuántos pacientes van a cada clínica privada sin límite en el gasto, se supone
que también los responsables de los hospitales son servidores públicos y tienen
que respetar las leyes de contratos y presupuestarias. Son las Cortes las que
las aprueban, los legítimos representantes de los ciudadanos en quienes se
supone que reposa la soberanía suprema de la comunidad.
Si no fuera
así podría darse el caso de que un determinado hospital, de Albacete por
ejemplo, redujera deliberadamente su prestación de servicios en algún área
donde hubiera un concierto sanitario digamos porque alguien del hospital
es amigo de otro alguien de esa clínica privada y no sólo la amistad
personal, también el dinero, puede ser un criterio para decidir enviar más o
menos pacientes a un hospital privado.
Las clínicas
privadas, por ejemplo CAPIO o La Milagrosa, cuando firman un concierto saben a
cuánto van a cobrar cada intervención que hagan, lo firman libremente y,
suponiendo que no son tontos, cuando firman el precio de un concierto lo hacen
porque las prestaciones incluidas les van a suponer un beneficio económico. Se
supone que las empresas privadas trabajan por y para sus accionistas, una
empresa que firma un concierto, no es una ONG ni una entidad sin ánimo de
lucro, lo hace para ganar dinero y eso me parece, además, perfectamente
razonable.
Muy bien, ya
tenemos a un tocapelotas como es el zarampo diciendo que las leyes hay que
respetarlas. Lo dice a su jefe, a sus amigos y a todo aquel que quiera
escucharle, en este momento a ustedes que me están leyendo.
Ahora les voy
a contar lo que le pasó al zarampo en el Servicio de Salud de Castilla la
Mancha (SESCAM). Yo creo que no tienen nada que ver con contratos, conciertos
ni nada por el estilo pero trabajaba en el servicio de conciertos de los
servicios centrales del SESCAM y tenía acceso, hasta que se lo vetaron, a los
archivos de conciertos de toda Castilla la ancha tanto informatizados como en
papel.
Lo que le pasó
fue lo siguiente, ya digo que sin relación con su forma de pensar sino más
bien, según sus jefes, con su equilibrio mental: Un buen día le dicen que están
haciendo una investigación sobre su modo de comportarme en el trabajo, que
están preguntando a sus compañeros lo que hace y dice y que en el marco de esa
investigación tiene que ir al psiquiatra, del SESCAM por supuesto, para que le
evalúe.
El zarampo, que
es disciplinado, pregunta que si es obligatorio, le dicen que sí y va a la
psiquiatra para la que le habían concedido cita de privilegio, por ser el zarampo
del SESCAM, en un plazo brevísimo, menos de una semana sabiendo que el SESCAM
está saturado de listas de espera.
Tras dos citas
con la psiquiatra, no me voy a referir a las preguntas que le hizo pero le
queda la sensación de que quería hacerle dudar de su equilibrio mental, le pide
un diagnóstico y le dice que tiene “probables rasgos disfuncionales de la
personalidad”. No dice, porque no puede decirlo, que tenga nada raro ni malo
sino que es probable, pero no dice el grado de probabilidad, una probabilidad
del 1% también serviría para decir que existe la probabilidad de que tenga
rasgos disfuncionales.
Suponiendo que
existieran rasgos disfuncionales ello no querría decir que fuera un
individuo peligroso en ningún sentido para la sociedad, ni físicamente ni de ninguna
otra manera, pero el caso es que la psiquiatra no dice que los haya, sino sólo
que es probable. Tampoco dice que no pueda trabajar ni prestar sus servicios a
la administración con toda normalidad.
Siguiente
aspecto: entre la primera y la segunda cita con la psiquiatra se produce un hecho
relevante. Un viernes, a última hora, le dicen que tiene que ir al despacho del
Secretario General del SESCAM a recoger un papel, les dice que se lo hagan
llegar por los canales habilitados y va una compañera que trabaja con el
Secretario General y le entrega un documento de baja laboral “por enfermedad
común”; es lo que pone el papel, no especifica más. La baja lleva fecha de ese
día y entonces entiende que el lunes siguiente no tiene que ir a trabajar. Le
dice la compañera que los partes de confirmación de baja se los tendrá que dar
el médico de cabecera.
Ya está
oficialmente enfermo y eso lo firma un médico al que no conoce de nada, por
supuesto ni le ha reconocido ni se he entrevistado nunca con él, pero ya sabe,
se lo habrá dicho un pajarito, que está malo mu malo de tenerse que acostar y,
por lo menos, no ir a la oficina. El médico en cuestión es un burócrata que
trabaja en una oficina de los servicios centrales, o sea, que se dedica a hacer
papeles y no a atender a pacientes. Es de imaginar que también tiene mucho
cuidado con su carrera administrativa porque tiene un puesto de jefe de
servicio y esos puestos, aparte de estar muy bien pagados, son de libre
designación, es decir, que si el jefe, un político, decide cesarles lo puede
hacer con toda libertad lo que supone una buena bajada de retribuciones.
Cuando a uno
le dan de baja laboral deja de cobrar el sueldo de su empleador (empresa o administración)
y empieza a cobrar una prestación con cargo al presupuesto de la Seguridad
Social, del INSS. Se supone que es una prestación que sirve para que el
empleado no pierda ingresos sin que los tenga que pagar el empleador para el
que el empleado de baja no está prestando, en ese momento, servicios. Es una
característica de nuestro Estado del bienestar que ahora el PP se está
empleando a fondo para cargarse. No hay más que pensar en los recortes en la
sanidad pública, la educación o la atención a la dependencia.
Muy bien,
estamos con el zarampo malito. El zarampo va a su médico para el primer parte
de confirmación de baja y le pregunta, ingenuo de él, que si está más enfermo
que hace un mes o que cuál es el motivo para que le digan que no está en
condiciones de ir al curro.
Vamos a
dejarlo hoy aquí, que ya está el post bastante largo y no quiero abusar de su
paciencia. Mañana seguimos.
Disfruten de
la semana, queridos, y no olviden las perrerías que nos está haciendo el PP
cuando vayan a votar el 24 de mayo.
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